En Perú, la liberación del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia se dio a la tarea de dividir a la sociedad civil y abrió la controversia entre juristas y políticos.
“Él fue como cualquier peruano a un poder judicial corrupto y mafioso, donde fue detenido injustamente”, aseveró Francisco Fernández, militante del Partido Nacionalista.
Otros, sin embargo, se dieron a la tarea de lamentar el grave retroceso en la lucha anti corrupción.
Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, acusados por el ministerio público del ilícito de lavado de activos, no lograron aún ser excarcelados. Trámites burocráticos entre la justicia y el instituto de prisiones aplazaron momentáneamente su salida de la cárcel. La discusión, en tanto, se ha trasladado a la esfera legal debido a la postura jurídica del Tribunal Constitucional sobre los alcances de la prisión preventiva.
“La prisión preventiva no es la regla general sino una figura excepcional que los requisitos de su aprobación exigen elementos que se den copulativamente, que la valoración de la prueba debe ser completa”, dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.
Se trata, sin duda, de otra interpretación de la forma como la justicia peruana ha venido aplicando la prisión preventiva.
“Va a haber una lluvia de hábeas corpus por cualquier prisión preventiva que se ponga a cualquier persona. Esto si pone en tela de juicio la posición del Tribunal Constitucional”, resaltó Julio Castiglioni, analista legal.
Hoy, en Perú la justicia ha decretado orden de prisión preventiva a 40 mil implicados en diversos delitos. Ha sido una manera de enviar rápidamente a la cárcel a delincuentes, violadores, asesinos y corruptos.
Pero, tras la liberación de los Humala los jueces, especialmente aquellos que luchan contra la corrupción, deberán pensarlo dos veces antes de privar de su libertad a cualquier acusado.
